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Imagen extraída de reconquista.com.ar

Publicado en Cuartopoder

“Hay salida”, reza la campaña del gobierno dirigida a las víctimas de la violencia de género. Pero las víctimas no ven ninguna salida, mientras cada semana se incrementa el número de mujeres asesinadas en un año que parece más negro que los anteriores.

Este gobierno ha reducido año tras año las partidas presupuestarías destinadas a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Los PGE’16 presentaron una disminución del 17%. Durante estos eternos cuatro años de gobierno popular se ha reducido en prácticamente 5 millones de euros, de los 30.363.000€ presupuestados en 2011 a 25.228.000 en los de 2016. Difícil, por tanto, implementar política efectivas. Ni siquiera es posible cumplir los mínimos que exige la actual Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Es complicado que la violencia reduzca su intensidad en un país donde las políticas de prevención son inexistentes, más allá del “Hay salida” y la realización de estudios que sólo sirven para evidenciar la persistencia de la violencia entre todas las cohortes de edad, mientras se elimina la educación para la ciudadanía, excluyendo los contenidos relacionados con los valores éticos: no violencia, igualdad, respeto, solidaridad.

No hay dinero ni compromiso político para formar a los miembros de la judicatura o de la policía, ni para dotar de más medios a los juzgados de violencia, a pesar del incremento en el número de denuncias, según los datos presentados por el Observatorio de la Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como ya informaba cuartopoder.es el pasado viernes. La falta de atención a las víctimas conlleva la desidia a la hora de la denuncia. El manido “¿Denunciar para qué?” y la persistencia del miedo. Luego nos quejamos cuando vemos que las víctimas mortales, las mujeres asesinadas, no habían denunciado.

El gobierno del PP se ha caracterizado por hacer oídos sordos a la obligatoriedad de reparación. La ONU condena a España por negligencia y exige al gobierno que indemnice a una víctima, Ángela González Carreño, por el asesinato de su hija. De esto hace más de un año y seguimos esperando. Tampoco han movido ficha para que se tengan en cuenta los antecedentes de malos tratos en cuestión de custodia. Y sobre patria potestad y custodia compartida el gobierno tiene que cumplir los principios recogidos en el Convenio de Estambul y tampoco.

La única salida real que presenta el gobierno está en el maquillaje de los datos sobre víctimas mortales. Todo el esfuerzo parece centrado en tener menos mujeres asesinadas en su mandato que el gobierno anterior, para así poder decir que han hecho más. Pero la falacia de repetir la mentira en este caso tampoco la convertirá en verdad. Si tomamos los datos oficiales, durante el mandato del Partido Popular han sido asesinadas por violencia de género 200 mujeres. 200 familias sangrando por la misma herida. 200 vidas truncadas por la irracionalidad de la idea de superioridad masculina, de posesión.

Si atendemos a los datos no oficiales, la diferencia puede ser de un 30% más de víctimas. Sólo este año, incluyendo las tres mujeres asesinadas en estas últimas 48 horas, las cifras oficiales serían de 40, mientras que los datos de las organizaciones feministas hablan de 55. La diferencia está en que el Gobierno no incluye, como ya hemos explicado en anteriores ocasiones, ni a familiares (hijos e hijas: este año han sido asesinados 4 niños y 4 niñas a manos de sus padres en casos de violencia de género), ni a víctimas colaterales (han sido asesinados 3 hombres vinculados o no por una relación afectiva -novios- con la víctima objeto de la violencia de género y una mujer -el conocido ‘caso de Cuenca’-). Y no los incluye porque la mencionada Ley de Medidas de Protección Integral no reconoce a los familiares ni a las víctimas ocasionales como violencia de género. Tampoco reconoce la condición de víctima a las prostitutas asesinadas en el marco de una agresión sexual o a las nacionales asesinadas por su pareja o expareja fuera del territorio nacional.

El problema es que la no consideración de víctima de violencia impide que se apliquen una serie de medidas sobre el “presunto asesino”, como la no cesión de la patria potestad a los padres, el derecho a recibir la pensión de viudedad o heredar. Y es que, salvo que el tal presunto se suicide, cada vez es más complicado determinar las culpabilidades. Porque quien ejecuta es culpable, y lo es quien no hace nada por evitar que siga habiendo sangrías.

Este año está siendo terrible porque nos hemos olvidado del horror del año pasado. Por eso, el 7N debemos ejercer nuestro derecho a exigir compromisos políticos contra las #ViolenciasMachista #CuestiónEstado. Porque el #MachismoMata, Madrid tiene que ser el punto de encuentro para que no haya #NiUnaMás. Y si el gobierno del PP no toma nota y mueve ficha, las mujeres no pueden quedarse quietas si #NosQueremosVivas.

#YoVoy7N.