Publicado en Mundo Obrero

La aparición de los papeles de Panamá y, sobre todo, el modo en que los medios han ido desvelando los protagonistas de las cuentas ha dejado en evidencia sus dobles raseros y servidumbres. Es verdad que en algunos casos no disponían de la información, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación no proporcionó toda la documentación disponible, sin embargo el modo en que la prensa hizo públicos o silenció los nombres ha sido muy elocuente. La primera información curiosa que descubrimos es en El País eligiendo como titular de su primera noticia a Putin: “La mayor filtración de datos sobre sociedades opacas señala a Putin” (3-4-2016). Pero el nombre del presidente ruso no aparecía. La expresión “señala a” no posee ningún rigor periodístico. En cambio, silenciaban a nuestro vecinos Marine Le Pen y al rey de Marruecos, cuyo secretario personal sí se encontraba.

Los medios difundieron desde el primer momento a Pedro Almodóvar y dejaron en segundo término a la familia Domecq, a pesar de que este segundo caso era más insultante puesto que, a través de sus 42 sociedades, habían cobrado 36,6 millones de euros de ayudas de la PAC en los últimos años. Además la empresa panameña de los Domecq sigue todavía de alta, mientras que Almodóvar la dio de baja en 1994. Muchos medios pretendían así abrir el abanico ideológico de los implicados. Para la derecha, la aparición del cineasta servía para presentar el panorama plural desde el punto de vista político: “los rojos también están”. Ya se sabe que los tertulianos de la caverna meten en el mismo saco a Almodóvar, Ramoncín, Fidel Castro, Ana Belén, Willy Toledo, Sánchez Gordillo, Iñigo Errejón, Julio Anguita y Kim Jong-un.

Por supuesto había que implicar como fuese a los bolivarianos chavistas. Como no aparecía ningún alto cargo del gobierno venezolano El País titula “’Venezuela’ aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá” (5-4-2016). Pero no sabemos si Venezuela aparece para decir que sus bancos colaboran, que los clientes son opositores venezolanos o que en los despachos de Panamá se bebe ron venezolano. Por supuesto, ni se plantean cuántas veces aparecen otros países que no son Venezuela.

Fuera de España también la prensa queda en evidencia. En Argentina, el diario de derechas La Nación saca a Messi en portada pero ignora en un primer momento al presidente Mauricio Macri.

Siguen pasando los días y apareciendo nombres. Encontramos a la esposa del ex presidente Felipe González, Mar García Vaquero, quien gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad afincada en un paraíso fiscal. El País nunca informó de ese nombre.

Han ido surgiendo muchas personalidad, con variada dedicación aunque todas en el mismo espectro sociopolítico: Vargas Llosa, Hernández Mancha, Rodrigo Rato, José Manuel Soria, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, Bertín Osborne… La mayoría han reaccionado de similar forma, comienzan negándolo para después restarle importancia. Pero ha habido uno que ha embestido contra la libertad de información y el derecho ciudadano a saber qué personas públicas tienen relación con la ocultación de dinero en paraísos fiscales. El grupo Prisa y su principal directivo, Juan Luis Cebrián anunciaron acciones legales contra eldiario.es, elconfidencial.com y La Sexta por publicar que la exmujer del presidente de Prisa Teresa Aranda aparecía en los papeles de Panamá. Al final, una vez más, quienes más interés tienen en ocultar y más se indignan cuando las verdades salen a la luz son los que dicen representar a la libertad de expresión.

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En su último libro, Espectros del capitalismo (Capitán Swing), Arundahti Roy analiza, entre otras muchas cuestiones, la perversa influencia de las ONG’s en la India y en general en todo el mundo, se trata de una tesis que ya adelantó el sociólogo estadounidense James Petras hace veinte años. En los tiempos actuales, en los que las intervenciones militares van precedidas de campañas mediáticas de convencimiento y muchas revoluciones son diseñadas y teledirigidas desde el poder, las ONG’s han demostrado cumplir un gran papel como agentes reaccionarios. El espectro es amplio. Tenemos al premio Nobel y Príncipe de Asturias Muhammad Yunus con sus microcréditos que han llevado el endeudamiento y la usura a los más pobres. Las empresas de microfinanzas en la India son responsables de cientos de suicidios.

Desde los países ricos, toda una legión de fundaciones, convenientemente financiadas por grandes corporaciones se dedican a apoyar programas, proyectos, cursos y becas “políticamente correctas” desde la óptica neoliberal. Quienes no se ajusten a sus patrones ideológicos son desprovistos de fondos y marginados de universidades y foros internacionales. El resultado es un discurso monocorde de una única ideología que lo abarca todo, que ha colonizado todo lo cotidiano y que hace impensable propuestas o iniciativas a contracorriente del modelo dominante. Armadas con sus miles de millones, estas ONG’s no cesan de convertir a potenciales revolucionarios en sumisos activistas remunerados. Artistas, intelectuales, escritores, cineastas… abandonan una confrontación radical para sumarse al discurso de un progresismo descafeinado sustentado en elementos como el multiculturalismo, la igualdad de género, desarrollo comunitario, políticas identitarias, tolerancia sexual. Como ya señaló Petras, se trata de causas y valores que generan un consenso bastante amplio e indiscutible, pero que no enfrentan el sistema económico y político dominante y, en cambio, sirven para canalizar una reivindicación que podría apuntar contra los pilares del modelo. Un ejemplo son algunas organizaciones de derechos humanos con su equidistancia entre ejército israelí y Hamas, Estado colombiano y guerrilla, Cuba y Estados Unidos, OTAN y gobierno sirio.

Con el movimiento feminista ha sucedido algo parecido, se impone un feminismo liberal desligado de los movimientos populares de base anticapitalistas y antiimperialistas, y ahora se limita a denunciar la violencia de género, las condiciones de las trabajadoras del sexo, las aberraciones medievales en algunas culturas o el sexismo en la publicidad. Pero nada que preocupe o dañe al modelo neoliberal dominante.

Como denuncia brillantemente Owen Jones en Chavs. La demonización de la clase obrera (Capitán Swing), la pobreza se enmarca en un problema de identidad. Nada de clases sociales, y mucho menos de lucha de clases, el discurso de la progresía occidental, influenciada por el aparato ideológico de las ONG’s, gira en torno a las minorías étnicas, culturales o sexuales. La guerra entre ricos y pobres ha desaparecido de la agenda y del imaginario de la nueva izquierda del primer mundo. De ahí que el trabajador explotado europeo, blanco y católico solo se siente identificado por su nacionalidad, raza y religión y, en consecuencia, acaba en la ultraderecha.

Y así se termina llegando a que el Centro Martin Luther King, nacido en homenaje a quien terminó asesinado por comprender y combatir las conexiones entre capitalismo, imperialismo, racismo y la guerra de Vietnam, haya terminado copatrocinando un ciclo de conferencias titulado “El sistema de libre empresa: un agente para el cambio social no violento”. Un ejemplo de la eficacia de las donaciones de las Fundaciones Ford y Rockefeller.

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Vivimos tiempos en los que los ciudadanos forman sus ideas, fobias y filias al ritmo de los medios de comunicación. Un ejemplo muy elocuente es la necesidad de que los miembros de los jurados populares, a pesar de haber asistido en primera fila al desarrollo del juicio, deban ser sometidos a aislamiento de los medios para que no sean influenciados. Algunas veces pienso que quizás se debería hacer lo mismo con los electores durante las campañas electorales.

Una de las consecuencias del nivel de perversidad al que puede llegar esta situación es lo que se ha llamado el “terrorismo de la indignación”. Se trataría del nivel de aceptación de crímenes, asesinatos y violaciones de derechos humanos y legislaciones al que puede llegar una ciudadanía o una sociedad a la que previamente se le ha espoleado para provocar su indignación. Los ejemplos o aplicaciones -como se prefiera llamar- son múltiples. Desde la indignación por el holocausto judío que sigue aportando réditos para que los sucesivos gobiernos de Israel sigan atropellando todo el derecho internacional y masacrando al pueblo palestino, hasta la indignación por unas víctimas de atentados de ETA que son utilizadas constantemente para justificar torturas en comisarías, terrorismo de Estado o violación de derechos civiles. No se trata de negar la indignación de los descendientes de un judío víctima del holocausto nazi o de la esposa de una guardia civil, se trata de que no se utilice esa indignación para seguir provocando más violaciones de derechos, más terror.

Si observamos los últimos acontecimientos bélicos internacionales, el terrorismo de la indignación ha sido bien explotado para lograr el apoyo o al menos el beneplácito de la opinión pública internacional a acciones armadas que, de otro modo, hubieran sido intolerables. Y no solamente eso, en muchas ocasiones ni siquiera eran verdaderos los acontecimientos con los que se provocó esa indignación.

Fue el terrorismo de la indignación por una limpieza étnica que no existió el que sembró el silencio internacional para bombardear Yugoslavia, el terrorismo de la indignación por la muerte de unos neonatos arrancados de sus incubadoras en Kuwait y un cormorán manchado de petróleo -y que tampoco sucedió- el que logró el apoyo internacional a Estados Unidos en la primera invasión a Iraq, fue el terrorismo de la indignación despertada tras el desenterramiento de unos cadáveres para mutilarlos y presentarlos como un asesinato de Estado en Timisoara (Rumanía) lo que provocó que una turba asesinara al presidente del país y a su esposa.

El resultado salta a la vista. El terrorismo de la indignación por una mujer lapidada en Afganistán, unos opositores perseguidos en Siria o Libia y quizás mañana un homosexual ahorcado en Irán, termina provocando más mujeres, opositores y homosexuales asesinados por las intervenciones armadas legitimadas por el terrorismo de la indignación que todos los auténticos o supuestos sátrapas, que previamente los medios y quienes los dirigen consiguieron que nos indignaran.

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El 6 de enero de 1941, el entonces presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso en su discurso del Estado de la Unión. Aquella intervención se conoce como Discurso de las Cuatro Libertades (Four Freedoms Speech) porque Roosevelt sintetizó en “cuatro libertades humanas esenciales” los objetivos de Estados Unidos para el mundo de posguerra: la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de vivir sin penuria y la libertad de vivir sin miedo (freedom of speech, freedom of religion, fredom from want and freedom from fear). Incluso Jimmy Carter, durante su presidencia, citaba entre los “derechos humanos fundamentales” la “prohibición del sufrimiento causado por una asistencia sanitaria inadecuada”. De las dos últimas libertades de Roosevelt, que ahora nos parecen tan lejanas, me quisiera ocupar.

Es evidente que el campo socialista ponía el acento en esos derechos sociales, incluso en detrimento de libertades públicas como las de asociación, movimiento o expresión. La caída del bloque del Este supuso una victoria ideológica tal de los sectores neoliberales económicos que borraron de nuestra cosmovisión los derechos sociales hasta el punto de que hoy la libertad de vivir sin penuria parece un desiderátum de otro mundo. Y por supuesto no de un país de economía capitalista como es Estados Unidos. Esta victoria ideológica se ha impuesto también en las ONG’s de desarrollo y de derechos humanos. Hoy ninguna acusa a ningún gobierno por el hambre de sus ciudadanos, el desahucio de familias de sus viviendas, la falta de un trabajo para sobrevivir o una inadecuada asistencia sanitaria. Todas ellas violaciones de “la libertad de vivir sin penuria”, una de las libertades humanas esenciales para la presidencia de Estados Unidos hace 75 años. Abducidas por el modelo neoliberal que prioriza las libertades e ignora los derechos sociales, nuestras ONG’s denunciarán que un gobierno clausure una organización de vecinos pero ignorará que esos mismos vecinos no tengan trabajo, ingresos para comer o un techo de guarecerse. Nuestras ONG’s acusan a gobiernos porque no autorizan a una empresa extranjera para poner en marcha un periódico, pero no les acusarán de mantener en el analfabetismo al 60% de la población, lo que impediría que ese porcentaje pueda leer los periódicos. El informe anual de una organización de derechos humanos recogerá la denuncia a un gobierno africano por prohibir una manifestación pero no acusará al gobierno en ese mismo informe por la muerte de hambre de miles de personas.

En cuanto a “la libertad de vivir sin miedo”, a los ciudadanoss de países occidentales y bien armados nos sugiere el miedo a un atentado, pero el filósofo italiano Doménico Losurdo señala que sería bueno pensar en esos otros países débiles que, independiente de que nos guste o no su gobierno, sus ciudadanos temen constantemente por su seguridad a causa del despliegue amenazador en sus fronteras o la presencia a poca distancia de ellos de un poderoso dispositivo militar. Es el caso de Cuba. Esa amenaza de agresión constante impide dedicar todos los recursos materiales necesarios a la realización de los derechos sociales y económicos. Pero también se resienten los derechos civiles y políticos. No tanto porque forme parte del modelo socialista elegido, sino porque viven en un estado constante de alerta y acoso. ¿Acaso no se limitan gravemente esos derechos en los países más democráticos cuando su seguridad nacional está en peligro?

Pues bien, esta “libertad de vivir sin miedo” también ha sido olvidada por ONG’s y organizaciones de derechos humanos. En los juicios de Nuremberg se condenó a muerte a muchos mandos nazis por haber desencadenado una guerra, violando el derecho humano a la “libertad de vivir sin miedo”. Hoy es Estados Unidos el país que más pone en cuestión esa libertad en la medida en que tiene instaladas bases militares por todo el mundo y se reserva el derecho de atacar cualquier país. Sin embargo a ninguna organización se le ocurre acusarle de violar las principales libertades planteadas por Franklin D. Roosevelt, trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos de América.

Publicado en La Marea

Una de las buenas noticias recientes es el posible avance sin retorno de las conversaciones de paz en Colombia, una guerra que dura más de cincuenta años. Si miramos a América Latina no es difícil concluir que se encuentra en uno de los periodos más pacíficos de su historia. Atrás quedan las dictaduras del cono Sur, las guerras civiles de Centroamérica o los conflictos fronterizos tan desgraciadamente frecuentes en esa región. Tampoco se nos puede escapar que es precisamente ahora cuando la presencia de Estados Unidos, y su control sobre los gobiernos de ese continente, está en su perfil más bajo. Probablemente estas dos circunstancias, menor influencia norteamericana y paz regional, tengan una estrecha relación.

Si miramos al pasado observamos que el papel del vecino del norte fue fundamental en los golpes de Estado de Guatemala, Chile, Haití y tantos otros países donde la dictadura, la represión y la guerra de resistencia marcaron a toda una generación. La ayuda militar norteamericana a Centroamérica supuso una década de terror y muerte en esa región: su apoyo a los escuadrones de la muerte fue fundamental en el desangramiento de El Salvador, la financiación del terrorismo de grupos mercenarios (la contra) para desestabilizar al gobierno sandinista de Nicaragua llegó a ser condenada por la ONU tras el minado estadounidense de los puertos nicaragüenses. Es indiscutible que ha sido la ausencia norteamericana la que ha permitido que la paz se vaya consolidando en la dulce cintura de América, como la llamaba Pablo Neruda.

En Colombia, durante la presidencia de Álvaro Uribe la presencia y financiación militar estadounidense era abrumadora. Al final de su mandato estaba decidida la instalación de ocho bases militares estadounidenses en el marco de la Operación Colombia, que convirtió a ese país en el segundo mayor destinatario de apoyo militar norteamericano en el mundo. Pero el poder judicial colombiano atendió las demandas de inconstitucionalidad de la instalación de las bases y rechazó el acuerdo. Concluido el mandato de Uribe, el nuevo presidente, Juan Manuel Santos, no renovó la demanda y frustró así ese intento norteamericano.

La llegada de Rafael Correa a Ecuador supuso la expulsión de Estados Unidos de la base militar de Malta, donde la infraestructura del ejército estadounidense era impresionante. La excusa era la lucha contra el narcotráfico, pero todos sabían que sus funciones eran mayores, desde la base incluso se operaba en la lucha contra la guerrilla colombiana.

El repaso de este retroceso estadounidense nos permite observar la estrecha relación entre su presencia militar y la desestabilización de la zona. O lo que es lo mismo, la progresiva pacificación se va alcanzando según Estados Unidos se retira con sus infraestructuras de guerra, sus militares, sus asesores y sus contratistas.

Mientras esto ha estado sucediendo en América Latina, las escalonadas invasiones presentadas como intervenciones humanitarias en Yugoslavia, Afganistán, Iraq, Libia o Siria han provocando desestabilización, terror y muerte hasta el punto que a nadie se le escapa la multiplicación de refugiados a medida que Estados Unidos y la OTAN van “liberando” y “democratizando” un país. Hemos bombardeado e invadido países en reacción a la masacre de cientos de personas (limpieza étnica en Yugoslavia, chiítas asesinados por Sadam u opositores reprimidos por Al Assad y Gadafi) para terminar asesinando a miles (hospitales incluidos, como el de Afganistán). En ninguno de esos países ha conseguido Estados Unidos y la OTAN frenar la muerte de opositores, terminar con limpiezas étnicas, liberar a las mujeres del fundamentalismo, democratizar las instituciones o que se respeten los derechos humanos. Al contrario, se ha redoblado el caos, las violaciones de los derechos humanos, las guerras étnicas y tribales, la creación de estados fallidos, el extremismo islámico y las masacres de inocentes.

Todavía queda mucha buena gente en Occidente que piensa que ante un conflicto o un gobierno opresor “algo tenemos que hacer”. El problema es que ese “algo” siempre termina siendo lo mismo: bombas de la OTAN, envío de mercenarios o financiación de grupos armados locales que terminan siendo más terrorífico que la situación anterior. La paz que avanza en América Latina y la guerra que asola Oriente nos muestra uno de los caminos que conduce a lo que “tenemos que hacer”: mantener alejado a Estados Unidos y a la OTAN.

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Son actualidad los numerosos casos de corrupción que asolan la política española. Para que estos sean posibles se necesitan algunas condiciones que vale la pena analizar. En primer lugar, la falta de ética y decencia de sus protagonistas: políticos y empresarios. En segundo, la percepción de impunidad, es decir, la ausencia de una amenaza creíble de castigo por parte del sistema judicial y de la comunidad ciudadana. Algo bastante fundado porque los procesados con frecuencia vuelven a ser votados y en raros casos acaban en prisión. Y por último, un sistema político, económico y mercantil que favorezca el trasvase de dinero público a manos privadas gracias a la decisión de cargos políticos y bajo la coartada de la prestación de algún servicio.

Detengámonos en esto último. Si observamos algunos de los casos comprobamos que casi siempre se trata de adjudicaciones a empresas privadas: estudios o celebración de eventos en el caso Noos, adjudicación de la recogida de basuras en varias localidad de Alicante en el caso Brugal, la cesión de parcelas públicas para construir colegios privados concertados en la operación Púnica. Los casos de contratación fraudulenta de servicios de limpieza viaria o de edificios públicos, mantenimiento de jardines públicos, gestión y suministro del agua en las ciudades, etc. son constantes. El último, por ahora, ha sido la detención de la directora de la Alhambra, por presunta malversación de 5,5 millones de euros en la adjudicación del servicio de alquiler audioguías.

La mayoría de la ciudadanía no percibe que si todos estos servicios se prestaran directamente desde el Estado a través de empresas públicas dejaría de existir esa fuente de corrupción. No puede haber lucro, ni adjudicación privilegiada, ni precio inflado si son empleados públicos o empresas estatales las que limpian las calles, recogen la basura, llevan el agua a nuestras casas, organizan los eventos o construyen los colegios. El dinero solo puede circular desde las arcas municipales a los trabajadores que realizan la labor, no hay intermediarios para quedárselo. La mayor corruptela posible en la empresa pública sería una selección arbitraria de los empleados (el enchufismo), pero la administración dispone de medidas para evitarlo. En cambio, en las adjudicaciones y subcontrataciones privadas esa contratación arbitraria ya existe y es sencillamente legal porque, al tratarse de empresas privadas, contratan a quien consideran.

La conclusión evidente es que la principal fuente de corrupción es el trasvase fraudulento de dinero público a manos privadas mediante las adjudicaciones de compra de productos y prestación de servicios. La mayoría de esas adjudicaciones no han existido siempre ni tienen por qué suceder, forman parte de un sistema neoliberal privatizador instalado en las últimas décadas en nuestras administraciones. En cambio, el discurso neoliberal ha logrado inculcar en las mentes de la mayoría de la población que “Estado” y “público” son sinónimo de ineficacia e corrupción, cuando es precisamente lo contrario. El político corrupto lo es cuando dispone de nuestro dinero para poder llevarlo al sistema privado, es decir, cuando tiene un socio empresario con quien acordar y pactar adjudicaciones, comisiones y fraudes. Sin duda el reto consiste en elegir el político adecuado, pero si, mientras tanto, no le permitimos a ese representante privatizar servicios y repartirse el dinero público con el empresario habremos logrado mucho.

Pascual Serrano es periodista. Su último libro es La prensa ha muerto: ¡viva la prensa! (Península)