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Glenda Chávez junto a la tumba de Gregorio Chávez

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Publicado en Agência Pública. Colaboraron en el reportaje Cécile Schilis-Gallego y Shane Shifflett.

Glenda Chávez camina entre los naranjos de la huerta de su familia, acercándose a una cerca de alambre baja que separa su propiedad de la finca de la Corporación Dinant, en Paso Aguán. Al otro lado de la valla, filas de espinosas palmeras (palma aceitera) se esparcen por el paisaje verde del norte de Honduras. “Aquí,” dice ella con una voz suave, decidida, apuntando a un lugar en su lado de la valla, donde un equipo de búsqueda encontró los últimos trazos de vida de su padre.

Gregorio Chávez, pastor y finquero, desapareció en julio de 2012. Horas después, hombres de su comunidad campesina encontraron el aporcador que él había llevado para cuidar de sus hortalizas. También encontraron en la tierra marcas de alguien arrastrado en dirección a la propiedad de Dinant, dice Glenda.

Cuatro días después de la desaparición de Gregorio Chávez, el equipo de búsqueda encontró el cuerpo del pastor en la finca Paso Aguán, enterrado bajo una pila de hojas de Palma. Él fue asesinado a golpes en la cabeza y su cuerpo mostraba señales de que podría haber sido torturado, según un promotor especial del gobierno responsable de investigar el caso. Glenda y los otros residentes locales inmediatamente sospecharon que él había sido asesinado por hablar en sus predicaciones contra la Dinant, empresa opuesta a la comunidad en una batalla sobre la posesión de una tierra que la empresa había incorporado, hace mucho tiempo, en su vasta operación [para ampliar el área] de aceite de palma africana (dendê). “Estas fincas están bañadas en sangre”, dice Glenda Chávez. “No fue sólo mi padre. Más de 100 agricultores que han muerto en defensa de su la tierra”.

Según el procurador especial Javier Guzmán, guardias de seguridad contratados por la Dinant son “los principales sospechosos” en el asesinato de Gregorio Chávez, pero nadie ha sido acusado judicialmente en este caso. La compañía niega tener implicación en la muerte del pastor asesinado.

Según Guzmán, quien fue asignado por el gobierno para investigar la ola de violencia que ha afectado el Valle del Bajo Aguán, en Honduras, en los últimos años, el asesinato del pastor es uno de los 133 que están vinculados a los conflictos de tierras en la región. Las circunstancias de esas muertes permanecen en disputa en una lucha que ha puesto la Dinant y otras grandes corporaciones propietarias de tierras contra los campesinos, siendo que ambos lados están implicados en episodios de violencia con horribles consecuencias.

El conflicto ha atraído la atención internacional. Una de las razones es que Dinant, uno de los protagonistas claves de la historia, ha sido financiada por una agencia del Banco Mundial. La Dinant fue apoyada por la Corporación Financiera Internacional (IFC, sigla en inglés), un brazo del Banco Mundial que hace préstamos a las empresas privadas. La IFC financió a Dinant, uno de los principales productores de aceite de dendê y alimentos de América Central, en medio de los recientes conflictos de tierra. La Dinant recibió US$ 15 millones en 2009 y, en 2011, US$ 70 millones fueron enviados a un banco hondureño que es uno de los mayores financiadores de la empresa.

Al financiar a esta empresa, la IFC, se ha alineado con uno de los actores principales en un conflicto civil mortal, apostando su dinero y reputación junto a una corporación poderosa con una historia cuestionable. La IFC ha ignorado pruebas que podrían obtenerse fácilmente y que deberían haberla prevenido de hacer negocios con la Dinant, conforme la oidoría interna descubrió más tarde.

Mark Constantine, representante oficial de la IFC, responsable para gestionar riesgos sociales y ambientales, dice que la institución aprobó el préstamo a la Dinant antes de los episodios de violencia en el Bajo Aguán salieran de control. Según él, la IFC está cambiando sus políticas para hacer una mejor previsión de los riesgos a las comunidades locales. “Nosotros tomamos una fotografía en aquel momento y actuamos en base a eso”, explica Constantine. ¿”Deberíamos haber reconocido algunas de estas cuestiones históricas antes? Sin repuesta”.

Niño cargando pollos vivos en la comunidad Panamá Foto: ICIJ

Con el creciente impulso a inversiones privadas en los países en desarrollo, la IFC se ha expandido rápidamente. Los préstamos anuales alcanzaron a US$ 17,300 millones en 2014, un aumento de 36% en comparación con 2010. A pesar del crecimiento – y reclamos en Honduras y en otros lugares por haber destinado dinero a compañías involucradas en el acaparamiento de tierras y violación de los derechos humanos -, la IFC permanece menos conocida que el Banco Mundial, su institución- hermana que hace préstamos a los gobiernos.

Grupos defensores de los derechos humanos y ex empleados del Banco dicen que la IFC asume riesgos mayores y es menos responsable que el Banco Mundial. Paul Cadario, ex gestor jubilado que trabajó durante 37 años en el Banco Mundial, dice que el Banco tiene “un ejército de científicos sociales”, que son sensibles a las reglas del Banco para proteger a las comunidades locales y al medio ambiente. Por otro lado, agrega que la IFC tiende a confiar en las garantías “de que nada va a salir mal”, dadas por sus clientes del sector privado.

Reclamos sobre los clientes de la IFC a menudo implican a poblaciones vulnerables que afirman estar siendo ignoradas y marginadas para abrir espacios a grandes proyectos. Desde 2004, la IFC ha aprobado más de 180 proyectos que pueden involucrar desplazamientos físicos o económicos, según un análisis de documentos de la propia institución realizado por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). En estos casos, las familias desplazadas pueden perder sus casas u otros bienes o sufrir daños en sus medios de subsistencia.

En el caso de la Dinant, la oidoría interna de la IFC concluyó que la falta de atención de la institución a los peligros de hacer negocios con la empresa ha generado serios problemas en la gestión de proyectos que resultan riesgosos. La cultura de la IFC es tan enfocada en los resultados finales que es posible encontrar el siguiente texto en un informe de diciembre de 2013: “es permitido alentar al equipo a ignorar, dejar de articular o incluso encubrir potenciales riesgos medioambientales, sociales y relacionados a conflictos”.

Muchas inversiones controvertidas de la IFC implican préstamos a intermediarios, como bancos, fondos de cobertura y empresas de capital privado. Manejando la financiación a través de estos intermediarios – en vez de prestar directamente a los clientes del sector privado – la IFC facilita que sus reglas sean ignoradas por los beneficiarios finales.

Desde 2014, 42% de las inversiones de la IFC pasaron a ser hechas a través de intermediarios financieros, según la oidoría de la institución. En una auditoría de inversión de la IFC en el Banco Ficohsa, el banco hondureño que fue uno de los principales financiadores de la Dinant, la oidoría describe las inversiones con intermediarios como una “exposición no analizada y no cuantificada de proyectos con impactos ambientales significativos”.

Niño cosecha palmas aceiteras, en La Confianza. Foto: ICIJ

Según la oidoría, esas exposiciones son “realmente secretas”, dejándolos “privados de los sistemas diseñados para asegurar que la IFC y sus clientes sean responsabilizados”. Según análisis del grupo antipobreza Oxfam, desde 2012 solamente 6% de los destinatarios finales del dinero de los préstamos a intermediarios financieros que fueron clasificados como de alto riesgo por la IFC fueron revelados.

Desde 2011, seis comunidades en Asia, África y América Latina han denunciado a la oidoría proyectos apoyados por instituciones financieras pagadas por la IFC. Entre los afectados por estos proyectos están los residentes de Uganda que afirman que sus casas fueron incendiadas para dar paso a cultivos de pinos y eucaliptos, además de los finqueros en Camboya que tuvieron sus campos de arroz convertidos en plantaciones de caucho.

El caso Dinant se destaca porque se trata de una batalla de décadas sobre una tierra que ha pasado de mano en mano entre hacendados y agricultores – y también en razón de cantidad de cuerpos asociado con el conflicto.

La IFC dice haber tomado medidas para contrarrestar la violencia en el Bajo Aguán: la contratación de un mediador para manejar las negociaciones entre la Dinant, los agricultores de la región y las autoridades hondureñas y convencer la Dinant a renovar sus protocolos de seguridad, desarmar a los guardias encargados de las haciendas. La segunda parcela del préstamo de la IFC a la Dinant – US$ 15 millones – fue retenida debido a los problemas con la empresa.

La IFC reconoce que los préstamos en regiones conflictivas presentan riesgos, pero dice que su trabajo en estas áreas es esencial para su misión. Según funcionarios de la IFC, estas inversiones generan empleos y prosperidad, lo que puede ayudar a romper el ciclo de violencia.

En 2014, la IFC invirtió US$ 640 millones en “situaciones de fragilidad y afectadas por conflictos”. La institución se comprometió a aumentar en 50% las inversiones en estas regiones entre 2012 y 2016. “Eso no es para los débiles de corazón”, dice Constantine, gestor de riesgos de la IFC. “¿Si no fuéramos nosotros, quién lo haría?”

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