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“Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño”. Luther King hubiera podido reconocer su mesiánicas palabras, ahora volcadas en el preámbulo de la LOMCE. Pero el significado liberador del mensaje original queda aquí vacío de contenido, al tratar de unir ese “sueño” con los conceptos más rancios del neoliberalismo: competitividad, espíritu emprendedor, ambición, empleabilidad, crecimiento económico … ¿de qué sueño se trata?

Junto a la afirmación de que su objetivo principal es conseguir la justicia social, y alcanzar una plena igualdad de oportunidades, cumpliendo con lo escrito en la constitución (“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, artículo 26/2), la ley vincula esta finalidad a la preparación de los alumnos, desde los inicios del proceso escolar, como trabajadores autónomos, inculcándoles el “espíritu de empresa”: “El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro”. Poco a poco se define ese sueño, pero cada uno en su nivel. El dinero manda. “La calidad es un derecho constituyente del derecho a la educación”, pero cuando los recortes son brutales, las aulas están abarrotadas, las medidas de atención a la diversidad se suprimen, baja el número de becas, de ayudas para libros, comedor o transporte, no se cubren las bajas de profesores inferiores a dos semanas, o simplemente se reduce su número, todos los deseos de equidad entre la enseñanza pública y la concertada (recordemosque es privada, pagada con subvenciones públicas, es decir, con dinero de todos), y todas las grandes palabras sobre la admirable función social de la educación incluidas en la ley Wert, quedan en papel mojado

El informe que emitió Comisiones Obreras sobre la situación a comienzos de este curso era demoledor: Si los recursos destinados al sector educativo se han ido reduciendo paulatinamente desde 2010, “el Gobierno, en la propuesta que ha realizado al ECOFIN (órgano formado por los Ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea, que supervisa las políticas fiscales y presupuestarias de los países miembros), contempla reducir aún más el porcentaje del PIB dedicado a gasto público educativo. La inversión se recortaría 4.000 millones de euros más, pasando a situarse por debajo del 4% en 2015. Esto supondría volver a los niveles de inversión de 1987, un año en el que la población escolarizada y el nivel educativo tenían poco que ver con la actualidad. Este recorte, de una quinta parte de la cuantía de los fondos públicos, está siendo acompañado de un incremento similar en el gasto privado educativo, que del 0,8% del PIB se aproxima al 1%. Ambos porcentajes, el público por defecto y el privado por exceso, se alejan de la media de la UE e impiden ejercer el papel que, para alcanzarla debida igualdad de oportunidades, debe tener el derecho a la educación”.

Con este panorama, los alumnos que cursen sus estudios en la enseñanza pública verán mermadas sus posibilidades a acceder a esa “calidad” de la que la LOMCE habla, y serán las escuelas de élite privadas las encargadas de formar a los grandes empresarios con los hijos de la oligarquía. La nueva FP básica (que sustituye a los antiguos PCPI) será el filtro hacia abajo del fracaso escolar. Los hijos de las familias con menos recursos que vayan por este camino, no podrán titular en la ESO, y acabarán en una vía muerta. A esto no se le puede calificar de otro modo que de darwinismo escolar, fomentando de hecho la injusticia social y las desigualdades. A esto es a lo que, supuestamente, debe referirse la ley cuando habla de “la flexibilización de las trayectorias de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas a sus capacidades y aspiraciones”. De este modo el “sueño” se hace realidad para los ricos, y se convierte en pesadilla para los pobres.

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