El pasado 8 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brindó una respuesta a la Opinión Consultiva presentada por el Estado costarricense referente a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo y el cumplimiento del derecho de la identidad de las poblaciones trans. Cabe enfatizar que esta opinión fue presentada durante mayo del año 2016, siendo producto de la articulación de más de noventa actores sociales, a saber: colectivos, agrupaciones, personas, partidos políticos, entre otros. En esta respuesta se obliga al Estado costarricense[1] a reconocer y asegurar todos los derechos a la población LGBTI.
Antes de empezar, se debe tomar en cuenta que Costa Rica corresponde al único país de América que sigue siendo un Estado confesional, en este caso: católico, apostólico y romano (Artículo 75 de la Constitución Política). Por tanto, seguimos teniendo una “patrona oficial” conocida como la Virgen de los Ángeles, cuya celebración se realiza el dos de agosto de cada año. También se debe resaltar que en el país se prohíbe que la iglesia católica incida en puestos políticos, es decir, no pueden ocupar cargos públicos ni curules en la Asamblea Legislativa[2]. Sin embargo, la influencia que siguen teniendo se refleja en la imposición cultural y la manipulación política con respecto a temas como la Fertilización In Vitro (FIV)[3], el aborto, la educación sexual, el matrimonio igualitario, entre otros temas que se oponen a la moral conservadora que se intenta universalizar.
Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que en las últimas décadas se ha generado un fenómeno de incidencia política de agrupaciones y partidos evangélicos. Incluso actualmente quien ocupa la presidencia de la Asamblea Legislativo es un diputado de uno de estos partidos. Además si revisamos la conformación de los diputados y diputadas actuales (período 2014-2018), se puede observar que existen cinco diputados de tres partidos evangélicos diferentes. Los mismos partidos que se encuentra aspirando a la presidencia en las elecciones presidenciales a realizarse en febrero de este año.
Primeramente, este fallo ha sacado el odio acumulado que reside en el sector (neo)conservador de la sociedad, y evidentemente, en un sistema patriarcal y capitalista, los argumentos de este sector se alían con los intereses de los neoliberales. Así es, esos mismos que han gobernado el país históricamente; quienes discuten sobre aborto siendo hombres, y se oponen rotundamente al feminismo. El mismo sector (doble moralista) que quiere imponer sus creencias religiosas como sistema jurídico, reduciendo las discusiones a argumentos bíblicos.
Habiendo dicho esto, no se puede dejar de contextualizar este fallo dentro de una coyuntura en donde estos sectores ya se habían manifestado en contra de la “ideología de género” (lo pongo en comillas porque eso simplemente no existe), oponiéndose enfáticamente a que en los centros educativos se impartan clases de educación sexual y afectividad. Pues siguen creyendo que las personas jóvenes (principalmente las mujeres) deben abstenerse de realizar prácticas sexuales, ya que esto es fornicación; y cuando sucede entre personas del mismo sexo se convierte en un “pecado doble”. Es decir, se unen dos razones para ser condenado o condenada a la perdición y al sufrimiento eterno. Evidenciando nuevamente que los argumentos retrógrados son de índole religioso.
Aunado a lo anterior, este sector conservador y moralista que condena vehemente todo aquello que no se enmarque dentro de los esquemas heteronormativos; marchó a favor de la familia. Si usted se preguntó por cuál tipo de familia marcharon, déjeme decirle que yo también me hice la misma pregunta. Según estas personas marcharon a favor de la familia dada por su dios, la cual se conforma de la siguiente manera: papá (primero papá porque es el patriarca), mamá, hijo(s) y/o hija(s) ¿Será que en este modelo cabe la familia de Jesús: papá dios, papá paloma (espíritu santo), padrasto, mamá e hijo?
Por tanto, si su familia es uniparental o monoparental, extendida o ampliada (convive con otros familiares), o incluso son una pareja heterosexual que no tienen hijos/as; déjeme decirle que tampoco marcharon por su familia. Esto debido a que uno de los argumentos que sostienen en que esta tipología de familia tradicional se deriva del modelo bíblico (ni siquiera han leído bien este libro), pues el objetivo “natural” de la familia es la reproducción humana. Sí, parece que tuvieran complejo de conejos, pero no, recuerden que esto es “natural” (Y yo que creía que la noción de natural era subjetiva depende de cada punto de vista).
Seguidamente, otro de las consecuencias de este fallo en los últimos días, ha sido que el candidato presidencial que es pastor evangélico (ni siquiera es necesario mencionarlo para no darle más “fama”) aumente significativamente en las encuestas realizadas en redes sociales. Cabe mencionar dos aspectos importantes: 1) las encuestas son un panorama que refleja la postura de un sector de la población, sin embargo, realizar generalizaciones partiendo de estos datos sería un ejercicio simplista, y 2) se debe recordar que no todas las personas cuentan con redes sociales (lamentablemente las personas diversofóbicas abundan). Estas aclaraciones las incluyo porque sigo con la esperanza de que este señor nunca llegue a la presidencia.
Este mismo candidato ha afirmado que en caso que él quede electo, Costa Rica se retiraría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, eso reflejaría el carácter de doble moralista que tiene este país, y que aunque intenten pintar que “Tiquicia” es el país más feliz del mundo, en donde predomina el pura vida, sigue siendo una nación machista, patriarcal, conservadora (agregue todos los sistemas de opresión) que violenta derechos humanos. Antes que digan que el matrimonio no es un derecho humano, repitiendo el discurso de un abogado religioso, se puede revisar el artículo 16.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Lamentablemente, este pastor ignora o desconoce (¡y así quiere ser presidente!) que los fallos emitidos por este organismo son de acatamiento obligatorio (Artículo 7 Constitución Política), por tanto, a pesar de que gane (espero que ni su dios quiera esto) y decida que Costa Rica se retire de la CIDH, el fallo del 8 de enero debe ser acatado, pues las leyes no son retroactivas
Retomando este punto de la jerarquía, es importante hacer énfasis en que este fallo no viola la soberanía del país más feliz del mundo. Sin embargo, sí representa un golpe al orgullo nacionalista y patriótico que predomina en el país. Un orgullo que se confunde con soberanía, el mismo que se replica en la campaña: “A mis hijos los educo yo”. Bajo este lema se considera que se pueden tomar las decisiones que plazcan, a pesar de que se violen derechos, y nadie puede decirme nada porque “yo hago lo que me da la gana”.
Este mismo discurso se ha escuchado en diversos contextos internacionales. Por ejemplo, en países africanos en donde se legitimaba la práctica de la mutilación genital femenina, pues se afirmaba que el país tenía la autonomía y soberanía de tomar las decisiones basadas en “prácticas culturales”, tradiciones y argumentos patriarcales producto de la religión; a pesar de que esto violentara directamente la dignidad y los derechos de las mujeres.
Por otra parte, también se debe aclarar que este fallo histórico no afecta los derechos con los que cuentan la población heterosexual. Creo que esto no ha quedado claro, por lo tanto, coloco un ejemplo sencillo: si usted mujer está casada con un hombre (o viceversa), su matrimonio no se va a “disolver legalmente” para que usted se case con una mujer. Es decir, el matrimonio entre parejas del mismo sexo brinda la oportunidad para que la población homosexual pueda contraer nupcias, por lo tanto, no lo plantea como la única opción obligatoria. Así que usted seguirá disfrutando los derechos que siempre han tenido las parejas heterosexuales por considerarse “normales y naturales”.
Otro punto importante que se debe añadir es el argumento de que el matrimonio entre personas del mismo sexo no puede existir, pues el origen de la palabra matrimonio proviene de la unión entre un hombre y una mujer. Esta frase se puso de moda gracias a esos autores machistas que decidieron publicar un libro, y que hicieron una rabieta porque la Universidad Nacional de Costa Rica no les permitió desarrollar un espacio para promover un discurso denigratorio que violenta derechos (la libertad de expresión no implica permitir discursos intolerantes e irrespetuosos). Volviendo al argumento descrito me gustaría preguntarles a las personas que lo emplean si siempre hacen análisis etimológico de todas las palabras que utilizan.
Finalmente, creo oportuno reiterar que este avance legal dentro del plano formal (esta discusión la expondré en otra oportunidad) viene a representar un acto de visibilización política de todas aquellas personas que han sido oprimidas por no encasillarse dentro de los mandatos y esquemas heteronormativos. La lucha no termina con la aprobación del derecho al matrimonio, al contrario, debe continuar hasta que la opresión que sufre la población LGBTI se acabe. Esto implica ejercicios para generar rupturas con perspectivas vallecentralistas[4], elitistas, racistas, entre otras que no permiten politizar y articular la lucha; pues cuando empecemos a romper con estas barreras, podremos lograr la transformación que deseamos.
[1] Esta orden se extiende a los veinte estados reconocidos en este organismo: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay (En algunos de estos países ya se encuentra aprobado).
[2] En Costa Rica este órgano refiere al Poder Legislativo, y se encuentra conformado por 57 diputados y diputadas.
[3] La CIDH obligó al Estado costarricense a realizar este procedimiento dentro del país. Sin embargo, cinco años después sigue sin cumplirse.
[4] Este término se emplea con el objetivo de visibilizar las estructuras centralizadas dentro del movimiento de diversidad sexual, principalmente en la capital del país y las regiones cercanas (Valle Central).
