Señales de problema

La disputa de tierras en Bajo Aguán comenzó en la década de 70, cuando la ley nacional de la reforma agraria distribuyó la mayor parte del rico terreno del valle a organizaciones lideradas por campesinos. Fue una victoria para los agricultores más pobres y atrajo oleadas de migrantes a la fértil región del Aguán. La suerte de los campesinos cambió en la década de 90, cuando el gobierno de Honduras, aconsejado por el Banco Mundial, cambió radicalmente las reglas de propiedad de la tierra.

En marzo de 1992, Honduras aprobó una ley que por primera vez, permitió que las tierras pertenecientes a los agricultores fueran apropiadas y vendidas. El Banco Mundial apoyó el cambio, que hizo parte de una serie de reformas promovidas como parte de los esfuerzos para conducir a Honduras [más fuertemente] a una economía de mercado.

Después que la nueva Ley entró en vigor, zonas de propiedad colectiva pronto fueron pasadas a la Dinant y otras grandes corporaciones. Gran parte de la tierra se ha convertido en fincas de palma africana para la producción industrial de aceite de palma, utilizado para la fabricación de champús, helado, margarina y muchos otros cosméticos y alimentos. Los ambientalistas sostienen que el rápido crecimiento de la producción de aceite de palma llevó a la deforestación y expulsó a poblaciones vulnerables de sus tierras nativas.

Entre 1990 y 1994, un área de aproximadamente 21 mil hectáreas-74% de la tierra de los campesinos del Bajo Aguán – fue vendida, según un informe realizado en 2010 por una coalición de organizaciones de agricultores.

Constantine, de la IFC, afirma que las ventas manifestaron el fracaso del modelo colectivo creado con la reforma agraria. “Aquel experimento social no fue muy exitoso”, dice. “Los grandes propietarios de tierras han infringido las leyes y compraron las tierras de vendedores dispuestos a negociar”.

Los agricultores y sus abogados cuentan una historia diferente. Una vez que se podían vender las tierras colectivas, los campesinos pasaron a ser presionados por los hacendados para que dejaran a un lado sus derechos. Estos agricultores afirman que algunos de sus líderes, después de que se negaron a vender las tierras, fueron amenazados por matones y tuvieron sus casas atacadas por disparos.

Fraudes también fueron una práctica frecuente. Según los agricultores, facciones dentro de los propios colectivos firmaron ventas de tierra a cambio de pagos a individuales [a personas que no representaban a todo el colectivo].

En respuesta, los campesinos formaron organizaciones populares para cuestionar las ventas de tierras en los tribunales y ante el ejecutivo. Ellos exigieron que el gobierno devolviera las tierras que antes pertenecían a los colectivos.

En agosto de 2008, 12 personas murieron en un enfrentamiento entre terratenientes y agricultores que disputaban una tierra previamente utilizada como un centro de entrenamiento militar. En el mismo mes, un equipo de IFC visitó a Dinant para evaluar un posible préstamo.

Poco después, en diciembre de 2008, la directiva de la IFC aprobó un préstamo de US$ 30 millones a la Dinant. El crédito ha sido calificado como “Categoría B”, indicando que había baja posibilidad de que la inversión generara graves problemas sociales y ambientales.

Posteriormente, la oidoría de la IFC descubrió que las pesquisas hechas por el equipo de evaluación del Dinant eran fallas– la más grande propietaria de tierras en Bajo Aguán- y su propietario, Miguel Facussé, considerado por la revista Forbes uno de los multi millonarios más poderosos de Centroamérica.

Según informes de la oidoría, si el equipo hubiera hecho una simple búsqueda en internet, habría encontrado noticias que demuestran que Facussé fue acusado de estar implicado en el asesinato de un activista ambiental, recibió una orden de arresto por supuestos delitos ambientales y estuvo involucrado en una serie de disputas por la tierra.

La orden de detención de Facussé, acusado de permitir que una de sus unidades industriales derramaran toxinas en el agua potable [usada por la población] desde hacía dos décadas, fue revocada después de que la jueza que había expedido la orden, dejó el cargo. En 2003, un tribunal rechazó las acusaciones de que Facussé habría colaborado en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras. Facussé y la Dinant negaron cualquiera irregularidad en estos procesos judiciales.

La IFC y Dinant firmaron el acuerdo de préstamo en abril de 2009, cuando los agricultores todavía esperaban que las disputas de tierra en la región pudrieran resolverse pacíficamente. Manuel Zelaya, Presidente de Honduras en ese el tiempo, se ofreció a negociar con los movimientos de agricultores y hacendados en el Bajo Aguán un acuerdo político para devolver parte de la tierra en disputa a los campesinos. Luego, el giro político en el país terminó aumentando la violencia.

Un aviso del púlpito

En el verano de 2009, Glenda Chávez tenía una hija de 7 años de edad y estaba embarazada de su segundo hijo. Ella pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su máquina de coser para ganar dinero. A finales de junio, soldados invadieron la residencia presidencial, sacaron Zelaya del poder y lo pusieron en un avión rumbo a Costa Rica. Glenda recuerda que su padre describió el golpe como “bárbaro”. Pero ella no se involucró en la creciente lucha que dividía el país. “Yo no me interesaba mucho en la política”, recuerda. El gobierno respaldado por militares que tomó el poder, dejó claro que no continuaría con la reforma agraria prometida por Zelaya.

Indignado por el golpe de estado y sin opciones políticas, el movimiento de los agricultores adoptó una nueva táctica – ocupar en masa las tierras en disputa. Los agricultores llaman esas acciones de “recuperaciones”. La Dinant la describe como “invasiones”. Muchas de las muertes en el Bajo Aguán ocurrieron durante estas ocupaciones.

La Dinant siempre contó con el ejército hondureño para expulsar a los agricultores pobres de las áreas disputadas. La empresa y el ejército sostienen que los ocupantes están armados y son violentos. “Los agricultores no entraron de forma pacífica”, argumenta el coronel René Jovel, comandante de la Operación Xatruch, una operación militar con órdenes de pacificar la región del Bajo Aguán. “Ellos entran con hachas, escopetas, pistolas, fusiles AK-47″.

Guzmán, el promotor especial, dice que en algunos casos los agricultores se mataran unos a los otros, contratando pistoleros para resolver luchas dentro del movimiento por el control de las lucrativas fincas que producen aceite de palma.

Los grupos campesinos sostienen que las afirmaciones son forjadas por la empresa y por el gobierno para justificar los abusos cometidos por soldados y guardias de seguridad de la Dinant. Un informe realizado en 2013 por el Permanent Human Rights Observer for Aguán, grupo de derechos humanos, vinculado a los movimientos agricultores, revela que de las más de 100 muertes violentas asociadas al conflicto de tierras, 89 eran de campesinos y 19 corresponden a guardias de seguridad, policías, militares o propietarios de tierras. Vitalino Alvares, portavoz del movimiento de los agricultores, dice que las ocupaciones no son violentas. Pregunta “¿por qué los lesionados son siempre los agricultores?”, pregunta.

En noviembre de 2010, cinco agricultores murieron durante un intento de ocupar la hacienda El Tumbador, de la Dinant. Aunque haya pocas dudas de que los guardias de la compañía hayan disparado los tiros fatales, la Dinant sostiene que ellos actuaron en defensa propia durante un ataque armado de más de 160 agricultores.

Francisco Ramírez, quien sobrevivió a la ocupación de El Tumbador, tiene una gran cicatriz atravesando su rostro, producto de una bala que entró por una mejilla y salió por la otra. Explica que estaba desarmado y caminando hacia la puerta principal de la finca con otro agricultor cuando guardias de seguridad de la Dinant, que estaban escondidos detrás de una colina, los sorprendieron con una lluvia de disparos. “Acá es donde ocurrió la emboscada”, dice Ramírez, señalando a una pequeña colina cubierto de árboles y vegetación densa, al lado de la carretera en El Tumbador. “Acá fue donde yo sentí el impacto de la bala en mi rostro”.

Roger Pineda, director de relaciones corporativas de la Dinant, dice que no hubo emboscada. Perturbado por las muertes en El Tumbador, el Presidente de la IFC pidió para la Dinant que se contuviera y solicitó al gobierno de Honduras encontrar una solución pacífica para el conflicto de tierras. Pero la violencia continuó, llegando cada vez más cerca de Paso Aguán y de la familia Chávez.

En mayo de 2011, un agricultor activista llamado Francisco Pascual Lopes desapareció cerca de la finca de Paso Aguán. Miembros de la comunidad encontraron rastros de sangre que conducían a la finca, según testifica Human Rights Watch.

En aquel mismo mes, el directorio de la IFC aprobó un préstamo de US$ 70 millones al Banco Ficohsa – una de las mayores instituciones financieras de Honduras, con el objetivo de “otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas del país.” El conglomerado Dinant se encuentra entre los mayores clientes del Ficohsa, habiendo asegurado aproximadamente US$ 17 millones en préstamos de ese banco, en 2008.

Incluso una vez que segunda mitad del préstamo directo a la Dinant fuera retenida por la IFC, la institución no se negó a financiar la empresa a través de un intermediario. Dado que los préstamos del Ficohsa para la Dinant crecieron hasta 2010, el equipo de la IFC dispensó los límites de la institución referidos al monto que el banco podría prestar a un cliente, haciendo constar que la Dinant era una empresa “líder regional” y su dueño, Miguel Facussé, “un empresario respetable”;

Tres meses después del préstamo a Ficohsa haber sido aprobado, la Dinant informó haber sufrido un ataque mortal de campesinos durante un intento de recuperar la finca de Paso Aguán. Según Pineda, cuatro guardias y un funcionario de la Dinant fueron muertos y al menos uno de los guardias parecía haber sido ejecutado. El funcionario de Dinant fue torturado y sus orejas fueron cortadas, dice Pineda.

Glenda Chávez recuerda que, con la difusión de los conflictos, su padre comenzó a hablar en contra de la Dinant en sus predicaciones. Gregorio Chávez nunca fue afiliado a los movimientos campesinos, pero se quedó frustrado con la compañía a la medida que sus guardias se convertían en presencias intimidantes, imponiendo un toque de queda a las 18 horas. Él plantó palma aceitera en la propiedad de la familia, pero cuando salió a vender sus frutas, explica la hija, fue amenazado por guardias de la Dinant y por policías que asumieron que sus productos eran robados. “Él era un hombre que jamás se quedaba en silencio”, dice Glenda. “A él nunca le gustó la injusticia y no le gustaba que Miguel Facussé viniera a nuestra comunidad”.

La violencia que golpeó a otras partes del norte de Honduras aún no había llegado a la pequeña comunidad de alrededor de 450 familias llamada Panamá. Glenda recuerda que, en los últimos meses, desde el púlpito, su padre comunicó signos que prenunciaron su muerte violenta. “Él predicó: ‘Cuando ellos derramaren la sangre de uno de nosotros, la comunidad se va levantar”, recuerda Glenda.